4. ene., 2017

La paradoja del campamento de la Paz y el poder.

Meh La-arni Hilisane Activista Filipina de Derechos Humanos, defensora de las mujeres que son esclavizadas bajo figuras de contrato de trabajo en Singapur. Es Abogada y profesora de la National University of Singapore. Visitó Colombia en el mes de Diciembre de 2016 para la Cumbre de Derechos Humanos como invitada de la OIPPDS y el PMI.

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Antes que nada debo felicitar a Colombia por arriesgarse en este importante esfuerzo por terminar con la guerra con uno de los grupos insurgentes más antiguos y violentos del mundo entero. Eso ya de por si es un logro. Aunque cuestiono desde mi óptica de extranjera muchas de las medidas adoptadas por el Estado Colombiano, no soy quien para criticar un pueblo que ha visto 8 millones de víctimas.

Sin embargo, cuando me solicitaron que escribiera para este sitio de la IOPD (Siglas el Ingles de la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible), me di a la tarea de analizar la manera como el sistema utilizó un movimiento social para impulsar sus políticas y luego simplemente les accionó el aparato policial para desplazarlos cuando ya no eran útiles para los propósitos propagandísticos.

 Me refiero al llamado “Campamento por la Paz” que se instaló en la Plaza principal de la capital Colombiana.  Todo comenzó después de la marcha que se dio tras la derrota del Sí en un plebiscito que dividió a los colombianos. A puertas de la Catedral Primada (templo católico más importante de la ciudad, para los lectores no familiarizados con el termino) llegaron siete personas con carpas para acampar en la plaza como una forma simbólica de decirle a su país que no se moverían de ahí hasta que se implementara el acuerdo de paz entre las Farc (el grupo armado) y el Gobierno.

Poco después ya llegaban a  150 los habitantes en ese campamento citadino que exigía paz. Su causa, además de acoger cada día a más personas, motivó a diferentes grupos sociales y políticos a apoyar su iniciativa donándoles alimentos.

Jóvenes, abuelos, indígenas, afros y víctimas del conflicto armado son las personas que desde hace 30 días conviven en la Plaza en medio de incomodidades y del frío de la capital. La razón de su permanencia en ese epicentro histórico de protestas es una: evitar que el acuerdo de la Habana se caiga por el golpe que sufrió la paz en las urnas.

 Manuel Echavarría, quien fue una de las primeras personas en asentarse en el campamento de la paz comenta que: “La intención era no nos pararnos hasta que se firmara un acuerdo”.  Este acto, en si mismo,  no pretendía ser otra cosa que un símbolo (de resistencia, de solidaridad, de valor civil), Convirtiendo a la Plaza de Bolívar que está frente al edificio en el que se hacen las leyes, el edificio en el que tienen sede las altas cortes y a pocos metros de la casa de gobierno, en un espacio único y legitimo para la paz.

 Por allí desfilaron el presidente, los ministros, los senadores, los políticos oportunistas y miles de cámaras de televisión. Pero en la madrugada de un frio sábado, poco más de un mes después de utilizarlos, abrazarlos y regalarles autógrafos, cerca de 200 integrantes de la Policía y el ESMAD (Escuadrón antimotines de la Policía) llegaron a la zona y quitaron las carpas que todavía se encontraban en la zona. ¿Qué pasó?

 Pocas horas después de anunciar que se quedarían en el lugar hasta que se implementara el nuevo acuerdo para la paz firmado el pasado 12 de noviembre entre el Gobierno y las Farc estas personas fueron desalojadas de la zona por orden de la Alcaldía de Bogotá. Los uniformados quitaron las carpas que estuvieron en el lugar por 42 días y retiraron a los manifestantes. La mayoría de ellos aseguraron que en la acción fueron golpeados por lo que publicaron en sus redes sociales videos que muestran las agresiones que sufrieron. "Desmontaron el campamento y quitaron todas las cosas que estaban ahí", aseguró Carolina Osorio, una de las voceras.

 Ya no eran útiles para el sistema. Sea con la excusa que sea, y aunque mediaba una orden administrativa, ciertamente desde el primer día que se instalaron las autoridades sabían que era una infracción al espacio público, pero debían esperar a que los funcionarios se tomaran las fotos de rigor, las publicaran en sus redes sociales y luego,  esos mismos políticos que andan con palomas de la paz en la solapa, presenciaron escondidos desde las cortinas de sus cómodas oficinas, cómo de un plumazo silenciaban a la población civil traicionando a sus defensores.

La decepción total es  porque una de las manifestaciones en pro de la paz más grandes que se ha hecho en ese país terminara así, ha generado una oleada de cuestionamientos sobre la posibilidad de vivir en una sociedad en la que se respeten este tipo de acciones. "Me golpearon en la cabeza, me rompieron el labio. Me golpearon tres veces en el caso, sino hubiera tenido casco me hubieran reventado la cabeza. Eso es brutalidad estatal contra alguien que pide la paz respaldando al gobierno, no se entienden ni ellos mismos" dijo una triste ex-activista de la Paz... Butalidad, estado, farandula, medios y politica....contubernio satanico en contra del pueblo...Aqui, en Singapur o donde sea.