Publicaciones de nuestros Directivos Internacionales

2. oct., 2020

SOY VOLUNTARIO DE DDHH

En un tiempo y un mundo monetizado y preocupado por sus propios intereses, urge el compromiso del voluntariado. La vocación de servir a los demás, es un valor que nace con uno. Tal vez mi vinculación constante a organizaciones como el Movimiento Scout, los Bomberos Voluntarios y el programa de socorrista de combate, han fortalecido en mí la tendencia constate de servir a otros sin esperar recompensa.

Lo curioso de todo esto, y que es el punto central de esta entrada de blog, es que precisamente cuando más esfuerzo y dedicación he puesto en el servicio no remunerado  a los demás, más ingresos he percibido de mis actividades comerciales y laborales. Esto me ha convertido en un ferviente creyente de la ley de la compensación.

Personalmente resulta muy gratificante y no deja de sorprenderme, el hecho que cada vez llegan más y más voluntarios de todos los países del mundo a las filas del voluntariado de la Coalición OIPPDS. Personas de Suiza, África, Argentina, Puerto Rico, Canadá, Francia, España, Asia, Centro y Sur América, ingresan  constantemente a formarse, certificarse y registrarse como defensores de Derechos Humanos al punto de, en algunos días, colapsar la página.

Como voluntario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, he podido ser parte de la historia de mi país, cooperando con los procesos de pacificación y construcción de una nueva realidad, alternativa a los más de 70 años de violencia que nos ha tocado vivir. Eso hace que mi vida tenga sentido y que mi existencia tenga un propósito superior.

Felicito a todos los defensores y todas las defensoras de DDHH adscritos al Sistema Interamericano de Defensores de DDHH y Líderes sociales de la OIPPDS, por ser ejemplo para sus países y toda la humanidad.

Dedico todo nuestro trabajo y esfuerzo a los más de 70 voluntarios que han perdido la vida en ejercicio de su vocación, y animo a todas las oficinas regionales, a vincular más personas como voluntarias de los Derechos humanos, hasta que seamos una mayoría absoluta frente a quienes quieren destruir esta preciosa y frágil nave espacial en que estamos recorriendo el universo.

Lo dijo Martin Luther King,  “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”.

 

Víctor Hugo Almanza Rincón

OOHR- OIPPDS.

Volunteer Service Center
United Nations Volunteers
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Germany
www.unv.org
www.onlinevolunteering.org

13. jul., 2020

Doctor CESAR ESTEBAN PARDO SARMIENTO, Defensor de DDHH y DIH adscrito al sistema Interamericano de defensores de DDHH (OEA), Policía Judicial, Docente universitario, Director General Oficina Interamericana Para la Paz y el Desarrollo Sostenible OIPPDS DDHH

 Mucho se ha dicho al respecto de este tema, e incluso existen pronunciamientos de la Corte Interamericana de DDHH, las Naciones Unidas y otros organismos y entidades encargados de velar por los DDHH en todo el mundo.

 Sin embargo, quiero plantear esta discusión en términos de la necesidad de limitar, restringir e incluso suspender derechos fundamentales en el contexto de una emergencia sanitaria, ya no en virtud de las necesidades de prevención y disminución del contagio, sino como consecuencia de la desobediencia civil. En otras palabras, esta reflexión se ubica, desde la tribuna del derecho, analizando el deber nacido de la pertenencia, como ciudadano o ciudadana a un Estado de derecho.

 Al respecto, llama la atención, la gran cantidad de comparendos, multas, sanciones, operativos y demás que han adelantado las autoridades en todos los países del mundo en virtud de acciones violatorias de las personas en sus calles y ciudades. En el caso de Colombia, al momento de redactar este documento, se registran más de 200.000 multas, 50.000 operativos y se han expedido cientos de resoluciones, decretos, normas, acuerdos, entre otros, que buscan reglamentar al más mínimo detalle, el comportamiento de las personas afectadas por las medidas de emergencia sanitaria.

 Lejos estamos de las acciones feudales en las que podían cerrar las fortalezas obligando a sus habitantes a morir de inanición con tal de no dejar entrar o salir una epidemia. Pero infortunadamente, y a pesar de haber avanzado en educación e ilustración, pareciera que hemos retrocedido en perspectiva social y en el sentido de supervivencia que distinguió nuestra especie durante millones de años.

 Se discute sobre la libertad de expresión, el libre acceso a la información, la protección de datos personales, y demás, pero es evidente que el centro cibernético de la Policía Nacional, identifica al menos 200 noticias falsas sobre el COVID19 en las redes y páginas web.

  Kathryn Sikkin, investigadora y autora del libro: The Hidden Face of Rights: Toward a Politics of Responsibility (La cara oculta de los derechos: hacia una política de responsabilidad), afirma que para proteger nuestro derecho colectivo a la salud en la actual situación de pandemia, necesitamos equilibrar nuestros derechos individuales con las responsabilidades colectivas.

 En Colombia, invocando el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Esta decisión, ocasionó un choque de trenes entre el ejecutivo y quienes se erigen como voceros y defensores de los Derechos Humanos “individuales”, por llamarlos de alguna manera, que asumieron la representación se quienes opinan que deben priorizarlos, obviando la tesis superior que busca hacer entender a todos, que mis derechos terminan justo donde comienzan los de los demás. Así como cabe una importante dosis de obligatoriedad en los Estados, no es menos cierto que al ciudadano le acude su parte en cuanto a la responsabilidad.

 Un problema con la palabra responsabilidad, compartiendo las tesis de Sikkin, es que la gente a menudo la usa con el significado legal común centrado en quién es culpable. Nuestra sociedad, esta nueva versión del mundo y las relaciones entre los ciudadanos, debe evolucionar hacia la consolidación de una responsabilidad política que es prospectiva. Este tipo de responsabilidad no pregunta "quién tiene la culpa", sino "¿qué debemos hacer?" La responsabilidad prospectiva se hace necesaria para abordar la pandemia del coronavirus y llevarnos a pensar en lo que debemos hacer en el mundo después de la pandemia.

 Una sociedad lastimada y que percibe las medidas sanitarias como instrumentos de opresión y expresión de totalitarismo es peligrosa, en la medida en que la respuesta lógica a esas medidas será entonces necesariamente, la resistencia materializada en la desobediencia civil.

 ¿Cómo lograr el equilibrio necesario entre legalidad, garantía de los DDHH y protección de la población? Para ello, infortunadamente es necesario contar con un aparato institucional garantista, respetuoso, sólido y eficaz. Que es justamente lo que no tenemos en Colombia. Entonces debemos acudir a lo que se ha denominado la “conciencia social” para que, en ausencia de instituciones creíbles y consolidadas, todos podamos disfrutar de estos derechos. Eso implica que todos los actores socialmente conectados a este problema y capaces de actuar, deberemos ejercer responsabilidades que no están siempre bien definidas. El estado y sus representantes, no pueden liarse en público en discusiones bizantinas, como lo vemos en nuestro país. Las diferencias de criterio entre quienes ejercen, para bien o para mal el liderazgo de la sociedad, deben absolverse en privado y no a golpes de micrófono.

 Las instituciones como la Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Fiscalía y Personería, deben asumir un discurso social, protector del ciudadano de a pie, y constituirse en el bastión de la constitucionalidad que protegerá al sujeto de eventuales abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades. Y a su vez, esas autoridades civiles, militares y de policía, deben conocer muy bien los límites que la Constitución impone a su accionar y, aunque en ocasiones deba imponer las normas, también estar en capacidad de orientar, acompañar y garantizar los derechos incluso de quienes se constituyan en infractores.

 Los derechos humanos en tiempo de pandemia, no deben ser un factor de confrontación, sino por el contrario, un Insumo el que puedan encontrar herramientas y estrategias los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, las instituciones de atención médica, los medios de comunicación, las organizaciones sin fines de lucro, las universidades y hasta cada persona en particular.

 Desde ese ámbito individual, nuestras responsabilidades frente a la crisis del COVID-19 incluyen la responsabilidad de lavarnos las manos, quedarnos en casa, cubrirnos la boca y la nariz al toser o estornudar, pero también estar informados y no entrar en pánico. ¿Quién hubiera pensado que desarrollar nuevas normas sobre el lavado de manos, el uso de un tapabocas y la restricción de viajar, se convertirían en problemas de política internacional? Cada gobierno toma medidas, crea leyes y establece políticas de manera inconsulta con otros países. Pero un enfoque prospectivo de derechos y responsabilidades sugiere que necesitamos más respuestas nacionales e internacionales bien coordinadas.

 No podemos permitir que el miedo, la crisis y la crítica situación económica mundial, sean excusa para sacar lo peor de nosotros. Fernand de Varennes, relator especial de la ONU para las minorías, advierte que el COVID19, está sirviendo de instrumento para el resurgimiento de filosofías ultranacionalistas y xenofóbicas. Existen informes, comenta Varennes, acerca de la violencia física que sufren los ciudadanos chinos y las personas asiáticas; de los discursos de odio que culpan a minorías, como a los romaníes y a los hispanos, de la propagación del virus; y de políticos que piden que no se permita el acceso de los inmigrantes a los servicios médicos. Todo muestra que los estados deben enfatizar de forma urgente que los derechos humanos de todos, particularmente de los más vulnerables y marginados, deben ser protegidos.

 Es decir que ahora no solamente son los gobiernos y las instituciones las que resultan potenciales vulneradoras de derechos, sino que la sociedad misma, en una involución provocada por el miedo, está girando hacia una confrontación interna, que, de no abordarse desde todos los campos, desencadenará en una crisis global peor que el mismo virus.

 Pronto se establecerán sitios y áreas para ser visitadas o recorridas por infectados y no infectados, portadores y no portadores.

 Al mejor estilo de populares series y películas, estornudar en la calle podrá ocasionar, si no la muerte, por lo menos si la exclusión. Si permitimos que esta nueva tendencia permee nuestros sistemas educativos, legislativos, administrativos y sociales, bien pronto estaremos hablando de derechos humanos para infectados y derechos humanos para no infectados. Ese es el verdadero rostro de la pandemia.

 Sin embargo, aunque hay una correlación entre derechos y deberes, la postulación de estos como una obligación jurídica no debe ser vista en modo alguno como una condición para el disfrute de los Derechos. Es decir, ni el estado recibe poderes plenipotenciarios por la pandemia, ni el ciudadano puede invocar la crisis como excusa para vulnerar los límites y principios que rigen el contrato social.

 En conclusión, y como acertadamente lo expone la ONU, existe un fundamento jurídico para las obligaciones que todos tenemos en una situación crítica como la actual. Entre ellas, respetar las normas de emergencia, evitar el contagio, no acaparar bienes esenciales para todos, invertir apropiadamente los recursos que el Estado dispone para enfrentar la pandemia, acatar las normas de distanciamiento social o prevención sanitaria, y fundamentalmente conocer, respetar y promover los derechos fundamentales, no como excusa ni como discurso político, sino como la única posibilidad de sobrevivir con éxito, no sólo está, sino todas las crisis que se derivarán de la pandemia de COVID19.

 El mundo ya no es el mismo. La sociedad ha mutado como el virus. Esperemos entonces que esta mutación no resulte en una enfermedad peor: la discriminación, el odio, el totalitarismo y la exclusión frente quienes piensan, creen, hablan o se ven diferentes a nosotros.

9. jul., 2020

Jessica Corredor Villamil, es doctora en sociología y antropología de la Universidad Paris VII – Denis Diderot en Francia. Cuenta con una maestría en migración y relaciones interétnicas de la misma universidad. Fue becaria del Instituto de Investigación para el Desarollo (IRD) en Francia.   Antes de integrar el equipo de Dejusticia trabajó para la Coalición mundial contra la pena de muerte coordinando el trabajo de sus 150 miembros en más de 50 países. También se desempeñó como consultora en derechos humanos. Ha investigado sobre temas como la construcción del Estado, el desplazamiento forzoso, las movilizaciones sociales, el acaparamiento de tierras y el desarrollo rural.   Actualmente trabaja  como investigadora y dirige el área Internacional de Dejusticia.

 

Un camino hacia la pospandemia: el rol de los defensores y líderes sociales

 Aunque la labor de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en tiempos de normalidad es fundamental para la democracia, en estos momentos contar con estos liderazgos resulta indispensable para superar la pandemia en los países del Sur Global.

En la era de la pandemia el rol de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales cobra más importancia que nunca. A la tarea inacabada de construcción de sociedades más igualitarias, plurales y democráticas, se suma el reto histórico de recuperación socioeconómica de un mundo pospandemia. El éxito y eficacia de estos remedios estatales dependen en gran medida de la formulación de políticas que respeten los derechos humanos.

En un momento en el que las acciones estatales requieren del mayor nivel de coordinación y cooperación social, se esperaría que los gobiernos tomaran conciencia de lo indispensable que resultan los líderes sociales y defensores para la implementación efectiva de las medidas sanitarias. Esto es así, por lo menos, por tres razones. Primero, son quienes tienen mayor proximidad y trabajo consolidado con comunidades a las que la institucionalidad pública llega con mucha dificultad. Segundo, gozan de la credibilidad necesaria para transmitir el conocimiento nuevo que se tiene sobre el virus y de las medidas que se deben tomar para contener la expansión de la enfermedad. Y tercero, por la legitimidad que tienen dentro de las comunidades, pues ello facilitaría promover cierto nivel de gobernabilidad en las bases sociales, lo que es necesario para que se sigan las medidas sanitarias dispuestas para superar la crisis. 

En tiempos de normalidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos. De acuerdo con el más reciente informe de la organización Front Line Defenders, son Colombia, México, Honduras y Brasil los países en donde más ocurren agresiones contra defensores de derechos humanos.  Lamentablemente, se trata de una situación que no ha dado tregua en tiempos de pandemia, en particular en los países del Sur Global donde las medidas para contener la COVID-19 y conjurar sus efectos han sido instrumentalizadas para silenciar, criminalizar y en muchos casos asesinar a las personas defensoras y líderes sociales.

En México, las persecuciones contra estas personas no han cesado en los últimos meses. Quienes luchan por la protección de la tierra y sus recursos han sido fuertemente hostigados en el contexto de crisis sanitaria. Las medidas tomadas por el gobierno de López Obrador no sólo han sido insuficientes para atender la problemática, sino que directamente han expuesto a un mayor riesgo a los defensores de derechos humanos. El 31 de marzo, tras declarar la emergencia sanitaria y dictar medidas de austeridad, el gobierno suspendió indefinidamente el presupuesto al Programa de Derechos Indígenas enfocado en acompañar a las comunidades en la defensa jurídica de sus territorios y recursos naturales. Lo que es una muestra del bajo nivel compromiso del gobierno en la garantía de derechos humanos en el país.

En Colombia, esta situación tampoco ha mermado. Así lo confirma el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz – FIP denominado “El conflicto armado, su impacto humanitario ambiental: tendencias durante la pandemia” . Según éste, en el primer cuatrimestre del año, aunque disminuyeron los homicidios en el país, los asesinatos contra líderes sociales aumentaron en un 53%, aún en medio de la pandemia. Esta situación ya había sido alertada por diferentes organizaciones sociales, quienes denunciaron que las medidas de confinamiento, en vez de traer un alivio en el riesgo ordinario de los líderes, han significado un aumento en el mismo. Desde que empezó la crisis, debido a las restricciones de movilidad como principal medida sanitaria, los defensores están siendo fácilmente ubicados por sus agresores y violentados incluso dentro de sus casas. A pesar de ello, el gobierno ha ignorado totalmente la situación y no ha dictado ninguna medida para reforzar la protección de los líderes y defensores en el país.

Ahora bien, estas situaciones no son propias del contexto latinoamericano. Filipinas es el segundo país, después de Colombia, donde se cometen más crímenes contra defensores de derechos humanos. Desde que empezaron las medidas de aislamiento social, al menos 10 defensores ambientales han sido arrestados y uno de ellos asesinado. Además, la expansión de poderes otorgados al ejecutivo tienen en alerta a los defensores de derechos humanos, pues temen que las medidas que restringen fuertemente derechos como por ejemplo las restricciones a la libertad de expresión, no se desmonten una vez que pase el pico de la pandemia. Lo cual no sería extraño en el país pues, en emergencias anteriores, el gobierno ha mantenido medidas que supuestamente eran temporales.    

Todo lo anterior resulta paradójico en el contexto de una pandemia pues, aunque la labor de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en tiempos de normalidad es fundamental para la democracia, en estos momentos contar con estos liderazgos resulta indispensable para superar la pandemia en los países del Sur Global. Como lo reiteró la CIDH por medio de un comunicado, los Estados tienen la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y “esta obligación adquiere particular relevancia en el contexto de propagación de la pandemia del COVID-19”. Por lo tanto es deber de todos y todas exigir medidas concretas que protejan la labor de las personas defensoras líderes sociales tales como la implementación de una política pública de garantías de seguridad, la adopción de medidas de protección colectivas y con enfoque diferencial, así como la inclusión del enfoque de derechos humanos en las medidas para sobreponerse a la crisis. El desarrollo de salvaguardas para mantener unas mínimas garantías democráticas es una tarea imprescindible para desacelerar la matanza de líderes y defensores de derechos humanos, en medio de pandemia.

 Artìculo originalmente publicado en:

https://www.dejusticia.org/lideres-sociales-en-la-pandemia/

30. ene., 2020

German Leonardo Amado Rueda: Técnico en Investigación Criminalistica, Investigador Judicial, Lider Oficina OIPPDS DDHH Bogotá D.C., Colombia, miembro activo del Observatorio de Derechos Humanos y Gestor de Paz y solucion de conflictos de la Oficina Interamericana Para la Paz y el Desarrollo Sostenible 

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LOS NUMEROS CONVIERTEN AL 2019 EN UNO DE LOS AÑOS MAS VIOLENTOS PARA LIDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Como Investigador en el ámbito criminal y lider en procesos investigativos de defensa jurídica de defensa técnica, observo como se han vulnerado los derechos de ciudadanos colombianos y los han convertido en víctimas en diferentes procesos y hechos de importancia en la República de Colombía, por ello quise realizar un análisis comparativo y una relación entre los hechos de los 3 años inmediatamente anteriores a este que termino, el 2019 ha sido uno de los más violentos para nuestra comunidad de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales.

 AÑO 2016 CON 132 ASESINATOS

Entre las regiones más afectadas estuvieron:

  • Antioquia con 19 asesinatos.
  • Cauca con 42 asesinatos.
  • Córdoba con 7 asesinatos.
  • Choco con 4 asesinatos.
  • Nariño con 8 asesinatos.
  • Norte de Santander con 5 asesinatos.
  • Valle del Cauca con 7 asesinatos.

 AÑO 2017 CON 208 ASESINATOS

Entre las regiones más afectadas estuvieron:

  • Antioquia con 28 asesinatos.
  • Cauca con 35 asesinatos.
  • Córdoba con 11 asesinatos.
  • Choco con 13 asesinatos.
  • Nariño con 31 asesinatos.
  • Norte de Santander con 8 asesinatos.
  • Putumayo con 12 asesinatos.
  • Valle del Cauca con 16 asesinatos.  

AÑO 2018 CON 282 ASESINATOS

Entre las regiones más afectadas estuvieron:

  • Antioquia con 43 asesinatos.
  • Cauca con 58 asesinatos.
  • Córdoba con 10 asesinatos.
  • Nariño con 19 asesinatos.
  • Norte de Santander con 22 asesinatos.
  • Putumayo con 19 asesinatos.
  • Valle del Cauca con 22 asesinatos.

 AÑO 2019 CON 250 ASESINATOS

Tan solo 32 asesinatos menos que el año inmediatamente anterior, a pesar que ya se firmó un acuerdo de paz, los Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales vivimos uno de los últimos años más violentos, tal y como lo registra la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, quienes día a día estuvieron registrando y estudiando todos y cada uno de los asesinatos y atentados de Defensores de Derechos Humanos y los miembros de Líderes Sociales.

 En los últimos 4 años han sido asesinados 738 Defensores de Derechos Humanos y miembros de los Líderes Sociales, esto entre enero de 2016 y julio de 2019.

Ni siquiera la época Decembrina escapo de la violencia y el asesinato contra Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales.

 A continuación, una pequeña reseña de crímenes registrados el pasado Diciembre de 2019

 Jueves 19 de Diciembre de 2019

Atentado sicarial en Valle del Cauca contra JORGE IVAN VELEZ, directivo de la organización sindical SINTRAEMCALI y unos de los líderes sociales del paro nacional.

 Viernes 20 de Diciembre de 2019

Asesinados los lideres ambientalistas NATALIA JIMENEZ y RODRIGO MONSALVE, cuando se dirigían a Palomino – La Guajira.

 Sábado 21 de Diciembre de 2019

Asesinado en “Iquira” Huila, JAIRO ORTIZ, líder de la guardia indígena NASA.

 Domingo 22 de Diciembre de 2019

Asesinadas en Saravena – Arauca, MARTHA CECILIA PEREZ y MARLENY RUEDA, Lideres de la asociación AMAR.

 Lunes 23 de Diciembre de 2019

Asesinado en Tuluá – Valle del Cauca, GUSTAVO ADOLFO CARDENAS, directivo del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores, con sede en la misma ciudad del crimen.

 Martes 24 de Diciembre de 2019

Asesinada en Tumaco – Nariño, LUCY VILLAREAL, líder y activista cultural.

 Miércoles 25 de Diciembre de 2019

Asesinado en Pitalito – Huila, REINALDO CARRILLO, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-.

 Así pues, hay casos de homicidios y tentativas de homicidios en 89 Municipios de 23 departamentos del país, es decir que en el 90% del Territorio Colombiano, se han asesinado o se ha atentado contra la vida e integridad de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales.

 El análisis que se hace de la situación es que en algunas partes del país como lo es el Choco ya hay grupos armados ilegales consolidados en diferentes zonas, pero la solución no está solo incrementando la fuerza pública, esta como todas las demás zonas donde se han cometido crímenes y se siguen cometiendo, sigue y seguirá faltando el componente social, principal y fundamental elemento para así lograr una verdadera paz con equilibrio social.

bogota@oippds.org

 

 

11. jun., 2019

Hernan Ciprian Nieves: Profesional en Derecho con especializacion en Penal y docencia universitaria. Candidato a Magister en Derecho, Director Académico de la Escuela Superior de las Américas, Seleccionado como el mejor Consul de Derechos Humanos en el año 2015, labora actualmente como funcionario del INPEC(Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia) donde lleva mas de 15 años de experiencia destacándose nacional e internacionalmente como defensor de los Derechos Humanos, allí es formador de lideres y veedores de DDHH al interior del sistema penitenciario,a la vez ejerce como director de Cátedra de la Escuela de Diplomados Albert Alstrom, es miembro activo del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Republica y Gestor de Paz y solucion de conflictos de la Oficina Interamericana para la Paz 

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Los Derechos humanos implican una doble vía. No se puede desconocer, que como principios generales de convivencia, los Derechos Humanos también tiene un componente de responsabilidad tanto para el estado como para las personas que pretenden hacerlos valer.

 Desafortunadamente, en el ejercicio de la ciudadanía, se ha visto con demasiada frecuencia que se acude a invocar a los Derechos Humanos como justificación para torpedear, bloquear e incluso enfrenta la ley y la autoridad. Pero olvidamos, que mis derechos terminan justamente, donde comienzan los de los demás. Las normas, nacidas del pacto social, aunque deben garantizar el respeto a la dignidad humana y a los derechos que le asiste a toda persona por el mero hecho de existir, son también de obligatorio cumplimiento. Debemos recordar la doctrina Paulina cuando afirma que “la ley no se hizo para los ciudadanos de bien, sino para aquellos que insisten en vulnerarla”.

 Pretender que los derechos Humanos sirvan de parapeto para la ilegalidad o la anarquía, contraviene el espíritu mismo de la norma, que nace de la necesidad de reglas orientadoras de la convivencia pacifica, incluyendo en esa perspectiva, a quienes consideremos, en determinado caso, nuestros adversarios.

 La definición de “enemigo”, no surge de la confrontación bélica, sino que al contrario, es la confrontación, la consecuencia de la identificación de potenciales, posibles o actuales “enemigos”. Y aun a ellos, les acude el respeto superior de su dignidad, que en últimas, termina siendo el punto clave compartido por todos los seres humanos de la tierra, mas allá de las diferencias políticas, éticas, morales, religiosas, étnicas o personales, todos somos seres humanos, y por ellos mismo sujetos de derechos.

 Aquí, entonces llamo a la reflexión frente a los Derechos humanos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A pesar de considerárseles, en general, aparatos estatales encargados de reprimir lo que algunos de manera amorfa e indefinida llaman “pueblo”, la verdad es que, y ruego perdonen mi laxitud frente al concepto, que si ese “pueblo” ciertamente respetara las leyes, se condujera dentro de los parámetros del respeto y expresara su inconformidad mediante los recursos civiles, las acciones legales e incluso la protesta pacífica, no ser´9an objeto de la “represión” del gobierno de turno.

 Si todos respetáramos todas las normas, simplemente no habría confrontación. ¿Para quién son las sanciones de tránsito? Para el infractor de las normas. ¿Para quién fueron creados los códigos penales? Para el infractor de la norma. Entonces, no podemos esperar una actitud garantista pro parte del Estado, cuando nuestras acciones vulneran los derechos del pacto social, contenido en las normas de convivencia, desde el Código de Policía, hasta la Constitución Nacional.

 Una sociedad que necesite, como al parecer lo requiere la nuestra, que sus legisladores emitan leyes que controlen hasta dónde se puede comprar una empanada, es una sociedad que requiere una urgente reingeniería moral, y una revisión de los principios educativos sobre la que se erige. La estrategia más sencilla es la crítica, la descalificación y la búsqueda de culpables, alternativas comunes en nuestras sociedades maquiavélicas. Por eso es necesario sentar una diferencia clara desde la visión neutral de los líderes sociales y los defensores de DDHH: Así como enseñamos los Derechos de las personas, debemos hacer énfasis en la Responsabilidad civil que estas adquieren frente al Estado que las acoge como parte activa de su contrato social.

fornacion@oippds.org